En apariencia, Política Social y Tecnologías de Información son dos conceptos que nada tienen que ver. Nada más equivocado: sobre todo si revisamos la manera de operar el principal instrumento de política social del Gobierno de la República, el Programa de Educación Salud y Alimentación (Progresa).
El Progresa surge en 1997 a partir de la concepción de que la única manera efectiva de combatir la pobreza se encuentra en combatir sus causas. Así, garantizando la alimentación, el acceso a la salud y a la educación de los grupos en pobreza extrema se podría revertir este proceso y sacarlos del círculo de miseria. Bajo esta premisa se diseño el programa, mediante el cual se otorgan becas a los hijos de las familias más desfavorecidas de nuestro país siempre y cuando los hijos asistan a la escuela y a los centros de salud de sus comunidades.
Para la operación del programa es necesaria la participación de diversos organismos gubernamentales, tales como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, los Gobiernos Estatales, el CONAPO y el INEGI, por solo mencionar algunos.
El programa da inicio a partir de la selección de las localidades menos favorecidas, posteriormente se aplican encuestas vivienda por vivienda para determinar las familias que cumplen los requisitos para ser beneficiados, es decir los pobres de los pobres. Una vez que las familias seleccionadas deciden participar es necesario integrar a los beneficiarios al padrón del Progresa y verificar que mes a mes cumplen con los requisitos establecidos por el Programa. Se trata de registrar en una base de datos el total de asistencias a la escuela y las asistencias a los centros de salud para cada uno de los beneficiarios, verificar el cumplimiento o no, contra los requisitos del Programa y emitir bimestralmente las transferencias correspondientes de las becas para cada una de las familias. Como se puede apreciar este programa social requiere de una operación en extremo compleja, difícil de instrumentar sin el uso de las Tecnologías de Información. Hasta la fecha ha representado una inversión de 39 millones de pesos en infraestructura de cómputo y 29 millones en servicios asociados.
A la complejidad operativa del programa habría que agregarle el componente político. Para nadie es un secreto que éste, junto con otros programas sociales como el Procampo, han sido duramente cuestionados; en especial, en el sentido de haberse llegado a utilizar con fines políticos en beneficio de algún partido político. En este sentido, el Progresa debe de contar con los instrumentos que le permitan transparentar cómo se han seleccionado a las localidades que forman parte del programa, con que criterios se han seleccionado a las familias beneficiadas y cómo se ha dado seguimiento en el cumplimiento de asistencias de los beneficiados, además de garantizar que los pagos han estado llegando a quienes en verdad deben llegar.
Para la operación y seguimiento del Progresa se cuenta con una base de datos de 3.2 millones de familias que contiene la información de las familias y los beneficiarios desde que el programa empezó a trabajar, todas y cada una de las asistencias registradas por los beneficiarios y todos y cada uno de los pagos emitidos. El reto del programa para ese sexenio es incorporar a todas las familias con condiciones de pobreza extrema, es decir aproximadamente 5 millones de familias.
El 16 de enero pasado nos enteramos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había otorgado un préstamo de mil 377 millones de dólares, suma similar al presupuesto del programa para todo un año. Sin lugar a dudas representa una excelente oportunidad para apuntalar el programa, ampliar su cobertura y reforzar los mecanismos de auditabilidad y transparencia que lo dejen fuera de cualquier interrogante.
Es momento también de empezar a medir los efectos del Programa y evaluar cómo estos recursos han impactado en la vida de estas familias. ¿En verdad los ha ayudado a salir del círculo de la miseria? ¿Ha mejorado la calidad de la alimentación, tasas de mortandad y escolaridad en estas comunidades?
La Estrategia de Tecnologías de Información del Progresa deberá considerar el funcionamiento del Programa con 5 millones de familias; contar con los instrumentos adecuados para explotar y analizar la información generada a partir de la operación del programa de tal forma que permita a los diferentes usuarios, internos y externos, poder verificar como se aplicaron los recursos del programa; incorporar las mejores tecnologías para la planeación y evaluación del programa, y como se asienta dentro del Presupuesto de Egresos para este año, incorporar dentro de su base de datos la Clave Única de Registro de Población (CURP), entre otras acciones. La instrumentación de esta estrategia involucra la participación de diversos proveedores del ramo de las Tecnologías de Información, baste solo recordar que durante 2001 participaron entre otros Oracle, SIGSA, Lexmark, Telecom, Avantel, QED, Comercializadora Internacional, THEOS, Microsoft, Cadis y SPSS.
Por cierto, Progresa será incorporado dentro de lo que se conocerá como “Contigo”; este concepto también integrará al Procampo y al resto de los programas sociales de las dependencias gubernamentales. El objetivo es coordinar todos los esfuerzos gubernamentales en materia de política social. Sin lugar a dudas las Tecnologías de Información pueden contribuir para mejorar las condiciones sociales de nuestro país, no sólo como instrumento para su buen funcionamiento como es el caso del Progresa, sino como detonante para acercar servicios y nuevas oportunidades para los que menos tienen. Significa dar el paso y utilizar a las TI y a las comunicaciones como un elemento para acercar el desarrollo; crear una sociedad y una economía de la información que refleje nuestras necesidades y nuestra cultura. Ello demanda un gran esfuerzo del gobierno y de nuestros empresarios para superar el rezago que en nuestro país existe en materia tecnológica y de telecomunicaciones.
Es evidente la dimensión que este reto representa, cuando sabemos que más de la mitad de la población del mundo y la de nuestro país viven en pobreza extrema. Sin embargo es un reto que desde nuestra perspectiva se debe afrontar, por eso resulta alentador que dentro del presupuesto de Egresos para el año 2002 se incorporen partidas como la de 750 mil millones de pesos que crea el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, con objeto de incrementar la cobertura, penetración y diversidad de servicios de telecomunicaciones entre la población de escasos recursos del medio rural y urbano, o la destinada para el proyecto e-México con 300 millones de pesos.
enero de 2002
