Señalar que el mundo de los negocios no se podría entender sin los cambios que las Tecnologías de la Información (TI) han detonado en los últimos 10 años es, a todas luces, una perogrullada. Las corporaciones y sus procesos han sido redefinidos completamente por el alud de soluciones tecnológicas intrínsecas al concepto mismo de la globalización. Sin embargo, independientemente de su rápido avance, el sector de TI en México no ha merecido mayor atención por parte de los medios de comunicación. Sí, claro, existen en el mercado una gran cantidad de publicaciones y sitios dedicados a la cobertura del sector; lamentablemente, el grueso de estos medios se limitan a ser productos meramente informativos que, no pocas veces, están orientados a ser simples infomerciales o instrumentos de promoción. En aras de contribuir a generar una aproximación más crítica (y, por ende, más propositiva y útil) al ámbito de las TI, intermanagers.com le presenta Expresión CríTIca, una columna quincenal elaborada por Chein consultores donde se abordarán los principales problemas del sector, así como sus probables soluciones. ¡No se quede fuera del debate y apoye este nuevo esfuerzo de intermanagers.com!
Las ventas dentro del sector público representan un nicho de negocios importante para las empresas dedicadas a las Tecnologías de Información. Para nadie es un secreto lo atractivo que resulta el gobierno como cliente, sobre todo si consideramos que algunos de los proyectos tecnológicos más importantes que se han desarrollado en México se han dado precisamente dentro de este sector.
Por ello, llama la atención el desinterés y rechazo de muchos de los empresarios cuando se les plantea la posibilidad de venderle al gobierno. En el mejor de los casos, significa competir por un contrato bajo en condiciones poco claras y desiguales; en el peor de los casos, representa una pérdida de tiempo y recursos. A nuestro gobierno no parece importarle cambiar esas percepciones, pues la administración Fox piensa que el simple hecho de haber cambiado el partido en el gobierno transformaría por arte de magia la manera en que se compra en la esfera pública.
Transparencia... es lo que pedimos los ciudadanos. Transparencia, reglas claras e igualdad de oportunidades es lo que piden las empresas para participar en las compras al gobierno. Es también un valor, una forma de hacer las cosas y un compromiso adquirido con la sociedad.
Ahora bien, ¿dónde se encuentran las dudas y suspicacias respecto a este proceso? De las adjudicaciones directas casi nadie opina, ya que pocas son las empresas que se ven beneficiadas con venderle al gobierno de esta manera. Asimismo, también es poca la información sobre el criterio de las áreas de adquisiciones para comprarle un producto o servicio a un solo proveedor.
Cuando hablamos de las invitaciones restringidas, la primera pregunta que surge es ¿cómo deciden a que empresas invitar a estos concursos ? El problema, en este caso, reside en que normalmente no existe un procedimiento para la selección de proveedores. Como resultado, se invitan a aquellos proveedores que los mismos funcionarios conocen dentro del área que demanda el producto o servicio y que se considera pueden cubrir bien los requerimientos, o a aquellas empresas inscritas dentro del catálogo de proveedores de esa institución y que el área administrativa de la organización, de acuerdo a su interpretación, considera que también pueden cubrir el requerimiento del producto o servicio.
La tercera posibilidad se da cuando para este tipo de concursos se escoge a los participantes con el argumento de solamente invitar a empresas de “reconocido prestigio”. Normalmente, empresas transnacionales con elevadísimos costos, y no necesariamente la mejor calidad, resultan beneficiadas.
¿Cuál es la alternativa? Lo lógico, lo más congruente, sería que la Secretaría de la Contraloría convocara a las empresas interesadas en venderle al gobierno a inscribirse para integrar una base de datos de proveedores, que estuviera perfectamente segmentada de acuerdo al perfil, tamaño, y características distintivas de cada una, y en la que se establecieran criterios y atributos, los cuales pudieran ser calificados por un panel de expertos de acuerdo al tipo de servicio que quisieran proporcionar. De esta manera, cuando una entidad del sector público convocara a una invitación restringida, determinaría el perfil, características y calificaciones que estuviera buscando en el proveedor para garantizar los resultados que espera, y la Secodam le señalaría los proveedores a convocar a este proceso.
En la esfera de las licitaciones públicas es donde escuchamos más voces de, donde encontramos más experiencias negativas, que desalientan a los empresarios a seguir participando, sobre todo si como resultado muchas veces se llegan a sentir engañados, después de haber invertido una buena cantidad de tiempo elaborando una propuesta de servicios. Si únicamente consideramos el tiempo necesario para integrar la información administrativa y cartas en donde el proveedor se compromete “bajo protesta de decir verdad” a casi cualquier cosa, entenderemos el esfuerzo que esto demanda. Pero qué pasa, ¿dónde está el secreto de las licitaciones y por qué para la mayoría de los empresarios significa una pérdida de tiempo? Otra vez, falta de transparencia y procedimientos poco claros.
Cuando un funcionario público se enfrenta a una necesidad, generalmente se acerca a dos o tres proveedores ¿a cuáles? a los que su capacidad y conocimiento le indiquen que le pudieran resolver su problema. Aquí es donde en realidad empiezan los procesos de licitación, y aquí es donde empieza la inequidad del proceso. No todos tienen el mismo punto de partida, no todos tienen la misma oportunidad de demostrar las bondades o ventajas de su producto, servicio o solución. Es como resultado de estos encuentros que en la mayoría de los casos se definen los anexos técnicos de las bases de licitación. En el mejor de los casos con conceptos del servicio de aquel proveedor que hubiera causado una buena impresión, en muchos otros casos diseñados explícitamente para beneficiar a ciertos proveedores, incorporando características que se sabe de antemano, no cumplirán los demás, en un extremo se llega a pedir al proveedor que él mismo elabore el anexo técnico. Toda la etapa previa a la publicación de las bases queda al margen de la ley, sin embargo sabemos que existe.
Cabe aclarar que no siempre se trata de actos de corrupción, en muchas ocasiones resulta necesario, sobre todo en el campo de las TI, que los funcionarios conozcan los productos y servicios que hay en el mercado y a partir de esto decidan la tecnología a adquirir. Lo que falta es transparencia.
En el caso de las licitaciones públicas se podría avanzar si el proceso iniciara en el mismo momento para todos, si el área convocante de manera abierta requiriera información sobre algún producto o servicio (request for information), y no solo al proveedor que le viniera a la cabeza o que más tiempo tuviera trabajando para esa institución, con el resultado de esta solicitud es que entonces tendría que integrar los términos de referencia. Una descripción clara y sin ambigüedades, fuera de cualquier interpretación y algo sumamente importante, los criterios de evaluación, los cuales normalmente son integrados una vez leídas las propuestas y conciente o inconscientemente elaborados para que pasen las propuestas que el evaluador considera como “las más convenientes”. Habría por otra parte que valorar lo conveniente de que los participantes conocieran el techo presupuestal del concurso ya que quienes participaron en el proceso previo que antes describimos normalmente conocen este dato lo cual les da nuevamente una ventaja. ¿Porqué no hacerlo público? Lo anterior contribuiría a que todos estuvieran cotizando servicios con características y calidad similares.
Hay mucho que hacer en materia de adquisiciones, no solo dentro del gobierno federal, sino de los gobiernos estatales, los municipales y dentro del propio poder legislativo. ¿Cómo se explica uno que la empresa que ganó la licitación para la integración del Plan de Desarrollo Informático de la Cámara de Diputados, hubiera cotizado el doble que las otras dos empresas que participaron en esta licitación? ¿Cómo entender que quien le cobrará a la Cámara de Diputados más de cuatro millones de pesos por hacer este estudio, lo hubiera integrado a partir de un anexo técnico de tres hojas del cual se pudiera interpretar casi cualquier cosa?
Se requiere de un gran esfuerzo para cambiar la percepción, o realidad, de que para vender dentro del sector público es más importante la buena relación con el servidor público, que la calidad y profesionalismo de los productos y servicios.
Es necesaria una profunda revisión de la ley de adquisiciones, valorar las cosas buenas y cambiar lo que se necesite. Compranet es un buen ejemplo de que se puede avanzar en materia de transparencia. Si lo logramos, seguramente aumentarán las empresas que decidan participar en estos procesos y el gobierno adquiriría mejores servicios y a mejores precios. En síntesis, todos saldríamos beneficiados.
____________ Noviembre 2001 
